PROYECTO DE ENMIENDA A LA LEY
GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO
ANTECEDENTES
El tabaquismo es una epidemia
mundial con graves consecuencias sanitarias, sociales y e
conómicas. En México,
el 17,6% de la población fuma, alrededor del 10% de todas las muertes del país
son atribuibles al consumo de tabaco, es decir, más de 63 mil muertes anuales y
se gastan casi 9 mil millones de dólares por año para atender las enfermedades
asociadas al consumo de tabaco.
En el contexto de la pandemia,
sabemos que quienes padecen enfermedades causadas por el tabaco se encuentran
en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves de COVID 19. La Cámara de Diputados sanciona una enmienda
que exige espacios públicos interiores y lugares de trabajo 100% libres de humo
de tabaco, así como también una prohibición total de la publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco.
Cuando se promulgue la ley
contribuirá significativamente a reducir las muertes y enfermedades causadas
por enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas y las enfermedades
pulmonares de millones de mexicanos. Además, permitirá que México se una a una
comunidad de 23 países de las Américas que ya prohíben fumar en espacios
cerrados de acceso público.
La última vez que se modificó la
Ley General para el Control del Tabaco fue en mayo de 2008. Se pretende quitar
los productos de tabaco en puntos de venta, ya no estarán detrás de las cajas,
y vetarían todo tipo de anuncios, antes sólo se prohibían patrocinios. También
obligarán a las empresas a comercializar con un empaquetado único del mismo
color y misma tipografía, es decir, las cajetillas serían indistinguibles unas
de otras. También se contempla la prohibición de la importación, exportación,
comercialización, venta, producción o fabricación de cigarros electrónicos,
vaporizadores, productos de administración de nicotina y calentado de tabaco,
así como su uso en espacios públicos con la imposición de multas que van desde
89 mil hasta 358 mil pesos.
Los afectados serían los
consumidores. Además, afectaría la economía de los comercios y se promovería la
generación de mercados negros poniendo en riesgo la salud de los usuarios. Por
otro lado, prohibir los dispositivos existentes como alternativas para el consumo
de tabaco y nicotina afectaría, irremediablemente, a quienes han optado por
estas opciones, ya sea porque no pueden dejar de fumar o porque desean seguir
haciéndolo con un menor riesgo. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
(ANPEC) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) expresaron que estas medidas afectarían al pequeño comercio, reduciendo
sus ventas y mermando aún más su economía en un contexto de contingencia
sanitaria.
En una carta firmada por varios profesionales
de la salud y enviada al Congreso para su consideración en el debate, varios
especialistas en salud pública del país expresaron que si bien es necesaria una
regulación orientada a reducir los niveles de tabaquismo en México, la cesación
no puede ser la única política pública a seguir. De aprobarse las iniciativas
que se están discutiendo en el Congreso, los 15 millones de fumadores en México
no tendrían acceso a alternativas de menor riesgo para el consumo de tabaco y
nicotina.
Las políticas de espacios libres
de humo tienen una gran aceptación entre el público, mejoran rápidamente la
salud, protegen a las personas del humo de segunda mano y no dañan el comercio.
A su vez, la prohibición completa de la publicidad, promoción y patrocinio de productos
de tabaco es una medida efectiva para prevenir la iniciación y reducir el
consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes. Ambas son políticas basadas
en la evidencia y dispuestas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la Organización Mundial de la Salud, tratado internacional que México asumió
la obligación de implementar al ratificarlo en 2004. Es un precedente histórico
donde se ha privilegiado el derecho a la salud de los ciudadanos. Sin embargo,
aún queda un camino por recorrer en la prevención y control del tabaquismo en
México y la región, futuras leyes gubernamentales deberán promover la reducción
del nivel de cotinina en productos de tabaco, que coadyuvarán a reducir la
dependencia y hacer más fácil la cesación.
Si bien todas las partes
concuerdan en que es necesaria una actualización al marco regulatorio del
tabaco, también es cierto que un enfoque prohibicionista tendría más perjuicios
que beneficios y coartaría la libre elección de las personas para decidir sobre
su consumo. Lo mejor será regular, no prohibir.
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